Recicladores de base en el decreto de envases y embalajes

Álvaro Alaniz Araya,
Director Fundación Reciclaje Inclusivo

La semana pasada ha sido publicado el “Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes”. En éste hay un capítulo para los recicladores de base, al igual que en la Ley 20.920

La historia de esta ley es larga y la mención de los recicladores en ella, es fruto de un trabajo continuo de 10 años de dirigentes recicladores principalmente, profesionales de apoyo técnico, Ministerio de Medio Ambiente, OIT, ONGs y redes internacionales. Si quisiéramos mencionar hitos, el 10 de septiembre de 2010 fue entregada una carta en el Palacio de La Moneda por un grupo de recicladores, dirigentes y colaboradores del Movimiento Nacional de recicladores de Chile. El mismo año, la carta es respondida por el Ministerio de Medio Ambiente, convocando a la primera reunión para la inclusión de los recicladores en el nuevo contexto de política pública en diciembre de 2010.

Producto de estas acciones iniciales nace la Política Nacional de Inclusión de Recicladores (2016), las indicaciones relativas a recicladores en la Ley 20.920 (2016) y en el Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones de los envases y embalajes (2020).

En concreto, respecto de lo planteado tanto en la ley como en los reglamentos, tenemos principalmente:

  • Los recicladores de base son definidos como “Persona natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o asimilables y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán también como recicladores de base las personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por personas naturales registradas como recicladores de base (…)” (Ley 20.920, Art. 3, N° 22)
  • Dentro de los principios que inspiran la ley está el de inclusión: “Conjunto de mecanismos e instrumentos de capacitación, financiación y formalización orientados a posibilitar la integración plena de los recicladores de base en la gestión de los residuos, incluidos los sistemas de gestión en el marco de la responsabilidad extendida del productor”. (Art. 2, Letra c)
  • Se establece el reconocimiento formal al oficio a través del sistema nacional de certificación de competencias laborales (Ley 20.920, Art. 32)
  • Se genera un registro de recicladores anexado al Registro oficial de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (Ley 20.920, Art. 37)
  • Se establece la obligatoriedad de trabajar con recicladores en el 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos necesarias para que operen los sistemas de recuperación de envases y embalajes (D.S metas de EyE, Art. 40)
  • Se establece la obligatoriedad para que los sistemas de gestión colectivos elaboren “planes de formalización de recicladores de base” que “deberá́ señalar los mecanismos e instrumentos de capacitación, financiamiento y formalización, orientados a posibilitar la integración plena de los recicladores de base, indicando el alcance y magnitud de los esfuerzos a realizar en estos tres aspectos”. (D.S. metas de EyE, Art.13 y Art.40)
  • Se instauraría un pago basado en el trabajo, no en el valor del material en el mercado. Si bien se va a mantener el mecanismo de `precio por kg.`, éste sería calculado en función del valor del trabajo que necesita realizar el gestor para recuperar el material, es decir, más cercano a lo que los recicladores llaman `pago por servicio`, independiente del precio de mercado de cada material (D.S. metas de EyE, Art.40)

En este escenario, se abren espacios para la inclusión efectiva en los nuevos sistemas y la mejora en las condiciones laborales de recicladores. El primer espacio de oportunidad para la inclusión efectiva de los recicladores que aparece es como gestores o prestadores directos del servicio de recolección de envases y embalajes a los sistemas de gestión. Como indica el artículo 24 de la Ley 20.920, los recicladores pueden participar de las licitaciones de los sistemas colectivos de gestión o incluso ser contratados directamente por estos, sin necesidad de licitación abierta. Los mismo se ve ratificado en el Artículo 17, Letra a, y Artículo 40 del Decreto Supremo.

Creemos que estos casos podrían darse donde los recicladores logren -y cuenten con el apoyo para- asumir los desafíos de gestión que implicaría cumplir con nuevos requerimientos y el aumento de cobertura de los sistemas de recolección. El camino asociativo es el que parece más viable, para poder sumar esfuerzos y apoyos al desafío. El modelo asociativo ha sido probado de manera exitosa en Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina. En Chile existen programas de reciclaje inclusivo municipales, algunos incipientes y otros con varios años de funcionamiento, sin embargo, hasta ahora sólo cuentan con recolección puerta a puerta en zonas acotadas de las comunas o bajo el modelo de puntos limpios. 

El segundo espacio de inclusión es como parte de programas municipales de reciclaje inclusivo. Los sistemas de gestión podrán contratar a municipios como gestores y estos, a su vez, podrán contratar a recicladores de base. Éste es un caso funcional para municipios que quieran mantener su participación en la gestión de los residuos reciclables, proyectando sus programas de reciclaje inclusivo. Municipalidades como Peñalolén, Independencia, Ovalle, Padre Las Casas, podrían ver potenciados sus programas de reciclaje inclusivo, siendo gestores REP. 

El tercer y cuarto espacio es en cierta medida compartido. El tercer espacio de oportunidad para la inclusión de los recicladores es como administradores u operarios de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos. Como lo indica en el Artículo 40 del Decreto Supremo de metas de EyE, “un 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento deberán incorporar recicladores de base (…) como administradores, operarios (…) o recolectores que lleven ahí sus residuos y a los que el sistema de gestión les pague por esta labor(..)”. Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, estamos hablando de al menos unas 350 instalaciones en el país, de las cuales al menos 175 deberán incorporar recicladores.

En estos espacios deberían tener contratos y regirse por la legislación del trabajo, lo que les permitirá tener una remuneración mensual estable y mejores condiciones generales de seguridad, salud y desarrollo laboral. Además, el reglamento exige un plan de capacitación a estos recicladores, dentro del plan de formalización exigido a los sistemas de gestión.

El cuarto y menos “integrado” -en teoría- sería como recolector/proveedor de las instalaciones de recepción y almacenamiento. Esta es también una forma de incorporar recicladores en las instalaciones de recepción y almacenamiento que es complementaria a la anterior. En este caso, el Decreto Supremo establece que el precio a pagar a estos recicladores es idéntico al que paga el sistema de gestión al gestor. Es decir, se estaría considerando el valor del trabajo en el pago de cada kg. de material entregado por este reciclador. Sin embargo, no es claro que exista una mejora sustancial en el trabajo de estos recicladores, dado que la relación se establecería a través de un “precio de compra” que mantendría la precariedad actual en el trabajo. A no ser que dicha transacción incluya beneficios más allá del simple pago del `precio por kilo`. 

Si los recicladores terminarán ocupando estos espacios y mejorando sustancialmente sus condiciones de trabajo, es algo que muchos queremos. Pero se verá en la práctica y dependerá de una serie de factores, tal vez el más importante: la disposición de los actores privados (productores, sistemas de gestión) y públicos (municipios, ministerios) a favorecer con fuerza su inclusión. Hasta ahora las señales de reconocimiento son buenas desde el Ministerio de Medio Ambiente, SOFOFA y unos pocos municipios, pero en poco tiempo deberemos pasar de las señales a las acciones. Ahí empezaremos a ver resultados e impactos.  

Quedan algunos aspectos sin abordar, otros por mejorar y otros importantes que estarán sujetos a contratos individuales entre sistemas de gestión y gestores. ¿Cómo se comportará la dinámica productores – sistemas de gestión – gestores en todo el territorio? ¿Cómo se reconfigurarán los actores de la cadena? ¿Habrá un sector de los recicladores que se mantenga trabajando de manera paralela a los sistemas REP, en el mercado de los materiales reciclables? Es difícil de prever.

En relación con los recicladores, los puntos críticos que identificamos son:

  • El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) no ha sido un buen sistema para los recicladores hasta ahora: no es fiable ni entrega los datos necesarios. Si bien lo implementado hasta ahora es provisorio, en el momento de implementación de los sistemas REP, el registro de recicladores deberá estar completamente integrado al RETC, dado que ese será el instrumento principal para el acceso de los recicladores en el sistema
  • El precio de `mercado REP` del material reciclable a los sistemas de gestión será determinado por el mercado. Dado que es una licitación abierta, distintos gestores competirán por dar el menor precio a los sistemas de gestión. En este escenario, ¿cómo se cautelarán aspectos de interés público como emisiones, inclusión, generación de trabajo, perspectiva de género, entre otros?
  • El mercado actual de materiales reciclables introduce una variable distinta, que es el valor del material en el mercado. En el futuro cercano ese precio de mercado será paralelo al ´precio REP´. Es previsible que el ´precio REP´ sea inferior al precio de mercado en ciertos materiales, como metales. ¿Qué pasará en estos casos en que los incentivos estarán puestos hacia fuera de la REP?

Es importante mencionar que, como en toda nueva implementación de un sistema de la envergadura del que se plantea, es muy difícil prever todas las posibles interacciones entre los distintos actores, por lo que es probable que haya elementos que no funcionen como se ha previsto y haya que hacer ajustes. Lo importante es mantener el capital social construido, la confianza e interlocución con los recicladores durante 3 gobiernos y que se ha logrado sostener en un difícil contexto país. Es importante que la puesta en marcha de la REP en Chile se mida también por la inclusión real de un sector, que viene siendo el primer eslabón del reciclaje, antes que cualquiera de nosotros supiera.

Estamos ante un cambio importantísimo en nuestra cultura y práctica en el manejo de residuos sólidos. Y estamos también cambiando nuestros criterios acerca de cómo hacer las cosas, recogiendo aprendizajes del cambio climático, la movilización social, la pandemia y las inequidades que todo esto devela. Tenemos la oportunidad inmensa de impulsar una implementación de la REP que no sólo mejorará de manera muy relevante nuestra situación de disposición final de residuos, sino que apoye la formalización de un sector estimado en decenas de miles de trabajadores informales en el país: las y los recicladores de base.

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Alvaro Alaniz

Alvaro Alaniz

Licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile. Tiene 20 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos socioambientales. Ha brindado asesoría técnica, estratégica y acompañamiento organizacional al sector público y el sector sin fines de lucro: servicios públicos, gobiernos locales, organismos multilaterales, redes internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base.

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